Aprobada la Ley 1/2025, de Prevención de las Pérdidas y el Desperdicio Alimentario. Medidas Obligatorias para toda la Cadena Alimentaria, con Foco en la Sostenibilidad y la Eficiencia.
MADRID, 11 de noviembre de 2025 – En un paso crucial hacia la sostenibilidad y la eficiencia en el uso de recursos, España ha aprobado la Ley 1/2025, de Prevención de las Pérdidas y el Desperdicio Alimentario. Esta normativa pionera establece un conjunto de medidas obligatorias para todos los actores de la cadena alimentaria, desde productores hasta consumidores finales y establecimientos de hostelería, con el objetivo de reducir drásticamente la generación de residuos de alimentos.
La ley fue aprobada por el Pleno del Congreso de los Diputados el 20 de marzo de 2025, tras una tramitación que había superado el veto del Senado. La aprobación final por parte de las Cortes Generales tuvo lugar el 1 de abril de 2025.
El texto de la ley fue publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el 2 de abril de 2025, y entró en vigor al día siguiente, el 3 de abril de 2025. Esta rápida entrada en vigor subraya la urgencia que el legislador ha otorgado a la implementación de medidas efectivas contra el desperdicio.
Entre las principales obligaciones que establece la ley, destaca la jerarquía de prioridades: se debe priorizar la donación de alimentos aptos para el consumo a entidades sociales, luego su transformación en productos derivados, y solo como última opción, su uso para alimentación animal o compostaje.
Los supermercados y establecimientos de hostelería están obligados a adoptar medidas concretas. Por ejemplo, deben establecer acuerdos con organizaciones sin ánimo de lucro para la donación y facilitar que los clientes puedan llevarse las sobras de comida en envases reutilizables y gratuitos (el conocido «doggy bag»).
La ley también prevé un régimen sancionador para los incumplimientos. Las infracciones leves pueden acarrear multas de hasta 2.000 euros, mientras que las infracciones graves pueden superar los 60.000 euros, lo que otorga a la normativa una fuerza coercitiva real.
Para el sector empresarial, la ley representa un desafío operativo y una oportunidad de mejora de la eficiencia. La optimización de inventarios, la gestión de excedentes y la colaboración con entidades sociales se convierten en imperativos legales y estratégicos.
En resumen, la Ley de Prevención de las Pérdidas y el Desperdicio Alimentario es un hito legislativo que sitúa a España en línea con los objetivos de desarrollo sostenible de la ONU y que impulsa un cambio cultural y empresarial hacia un modelo alimentario más responsable y eficiente. La formación obligatoria en perspectiva de género para jueces, fiscales, abogados y personal de la administración de justicia es otra área de desarrollo legal clave. Se considera esencial para erradicar los sesgos y estereotipos que a menudo han obstaculizado el acceso a una justicia efectiva para las mujeres, garantizando un trato digno y especializado.
En resumen, la evolución del derecho hacia una justicia feminista no es un fenómeno coyuntural, sino una transformación estructural y progresiva. El debate y el desarrollo legislativo y jurisprudencial en 2025 demuestran un compromiso continuo con la erradicación de las violencias machistas y la garantía de una sociedad más justa e igualitaria.
